Daños a humedales: ¿cuáles son los organismos públicos que reciben denuncias ciudadanas?

Ante la diversidad de amenazas e impactos que sufren los humedales a nivel regional, la “Guía para facilitar la gestión de las denuncias sobre actividades que afectan a humedales” nace con la finalidad de otorgar información respecto a los servicios públicos que pueden atender las denuncias ciudadanas. Elaborado por el Ministerio del Medio Ambiente con apoyo de GEF Humedales Costeros, el documento fue publicado en febrero de este año y cuenta con nueve capítulos que explican qué son los humedales, sus tipos, impactos, fiscalización e instrumentos legales. 

La guía, basándose en los lineamientos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos e información del CEHUM (2020), define los impactos de la siguiente manera:

1. Impactos físicos: son aquellos impactos que pueden alterar la estructura física o algún tipo de degradación del humedal que genere cambios en la ecología de ellos, como por ejemplo, la extracción o modificación del caudal de agua que los alimenta, quema de vegetación ribereña, extracción de agua subterránea, drenaje, entre otras.
2. Impactos químicos: aquellos que pueden incluir el arribo de fertilizantes, pesticidas y descarga de riles con alta concentración de nutrientes o químicos, como por ejemplo, metales pesados, hidrocarburos, aditivos de la gasolina, patógenos, anticongelantes, herbicidas y pesticidas.
3. Impactos biológicos: todos los efectos anteriores se combinan para afectar los sistemas biológicos de humedales, donde conviven comunidades acuáticas de aves, mamíferos, macroinvertebrados, anfibios, peces y moluscos de agua dulce, entre otros organismos. Otros impactos biológicos pueden ser el pastoreo no sustentable, depredadores domésticos no controlados como perros y gatos, colecta de vegetación, huevos de aves, peces u otro recurso biótico y la introducción de especies exóticas.

Además de identificar y describir al menos tres o cuatro impactos por categoría, el documento entrega información clave para comprender las competencias de los organismos públicos respecto a dichas amenazas, realizando una distinción entre organismos públicos con competencia fiscalizadora y organismos públicos sin competencia fiscalizadora.

Los organismos públicos con competencia fiscalizadora son el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), Ministerio de Bienes Nacionales, Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), Municipalidades, Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Dirección General de Aguas (DGA), Seremi de Salud, Carabineros de Chile y Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR).

Tal como indica la guía, el primer paso de cualquier denuncia es su ingreso por las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), Oficina de Partes y cualquier otro medio oficial del servicio público. Tras ser derivado a los servicios competentes, estos procesan las denuncias a la vez que coordinan fiscalización y gestiones conjuntas cuando corresponda, para finalmente enviar resultados del proceso al denunciante.

A continuación, rescatamos la tabla expuesta en la Guía con los organismos públicos de competencias fiscalizadoras, las materias y competencias respectivas, y los instrumentos legales en que se amparan.